dimecres, 6 de març del 2013

La caspa, el fundamentalismo y la Fiscalía General del Estado


A propósito del cese del Fiscal jefe de Catalunya por parte de su superior estatal, argumentan los que “entienden” del tema montones de complicadas razones de tipo jurídico y competencial. Me da la sensación que la cosa es mucho más llana de lo que parece y, con un sencillo ejemplo, se puede explicar muy bien. Supongamos que el máximo responsable en España de la multinacional Coca Cola, declara, en el marco de su ámbito privado, que “desde muy pequeñito, por motivos emocionales, siente una debilidad incontrolable por la Pepsi, ya que le recuerda aquellos días eternos de verano, montado en bicicleta, cazando ranas, comiendo paellas familiares, descubriendo paraísos y cultivando complicidades, primero infantiles y luego preadolescentes…” y añade que “contra  los sentimientos y el alma, no se puede luchar”. Todo ello no impide que, profesionalmente, pueda presentar unos resultados económicos,  unos objetivos alcanzados y un currículum absolutamente intachables y sin margen de mejora. Como consecuencia de estas declaraciones, a pesar de todo, es “fulminado” por el presidente de la compañía esgrimiendo los siguientes argumentos: “Un cargo de su importancia no puede permitirse ese tipo de veleidades sentimentales, se debe en cuerpo y alma al proyecto empresarial. Además, el revuelo mediático de estas declaraciones ha erosionado el prestigio de la marca y ha dado alas a la competencia. Ha sido una irresponsabilidad, injustificable para su cargo en lo mediático, corporativo y profesional.”. Una vez indemnizado, de acuerdo con las condiciones  establecidas en su contrato, el despido no admite dudas sobre su procedencia y legalidad.

¿Se entiende la metáfora? Con la “marca España” pasa exactamente lo mismo, sobre todo cuando se gestiona desde la conciencia de ser un propietario único y absoluto, se privatiza el concepto y se considera el Estado, la política y la justicia una espacie de cortijo particular (en vez de las instancias democráticas que, se supone, deberían ser en un Estado de Derecho), al servicio exclusivo de los poderes factico-históricos (y factico-histéricos) de siempre, que, por supuesto, no tienen la más mínima intención de cambiar absolutamente nada, lo diga quien lo diga y caiga quien caiga. Lo mismo les da un juez que quiere investigar los crímenes de la dictadura, un fiscal que emite una opinión particular, un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas movilizados o una holgada mayoría en unas elecciones. No se trata de una discusión administrativa o jurídica, sino política y sociológica. Al final, la última palabra la debería tener  la ciudadanía que es la que decide beber Coca Cola, Pepsi, vino tinto u orujo de hierbas y, además, tiene perfecto derecho a ello. Pero eso, a los cortijeros, se la trae al pairo. Es lo que tiene la caspa, el fundamentalismo, la charanga y  la pandereta. Por mí, personalmente, se pueden meter su unidad de destino en lo universal por donde les quepa. Amén.

2 comentaris:

  1. Hay que joderse, Pablo!!! Y el pobre fiscal que sólo dijo la verdad...

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  2. Bueno, campeón, ya has salido en "Liquidación por derribo". Un abrazo

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