Catalunya ¿Qué transición nacional?

Escribió el revolucionario Chino Zhou Enlai que todos los países, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, deben gozar de igualdad de derechos en las relaciones internacionales. La cita viene a cuento por aquello de que al señor Enlai, por distancia cultural, geográfica e histórica, nadie le podrá acusar de tener arte ni parte en todo este embrollo mediático que está provocando el tema de que Catalunya pueda ejercer su derecho a autodeterminarse y decidir la forma de relacionarse con el mundo que sus ciudadanos y ciudadanas consideren más conveniente. Es alucinante el revuelo que puede generar algo tan sencillo como la democracia y muy triste que la visceralidad y la ignorancia formen un cóctel tan demoledor, que sí es capaz de separar personas (y no los referéndums o las aspiraciones colectivas sociales, nacionales o del tipo que sean). Todo vale para ser manipulado en pro de los oscuros intereses y privilegios de siempre. En Catalunya lo normal debería ser aplicar aquel principio de la teoría política que sostiene que, aunque los derechos, más o menos “absolutizados”, se regulen en las constituciones, su  existencia es superior y anterior a todo pacto constitucional y, de esa manera, su reconocimiento a través de la historia, ha ido creciendo a medida que las sociedades han ido progresando. Tampoco faltan ejemplos prácticos de su aplicación como Escocia o Quebec, por citar dos casos. En esa línea, el ejercicio del derecho de autodeterminación no tendría que ser un problema, sino una solución para potenciar cambios y hacer posible el progreso impulsando transformaciones democráticas, políticas y sociales para avanzar colectivamente. En el caso del Estado español la pregunta es: ¿Qué impide que esto sea así?

Razones históricas

Es imposible responder a la cuestión precedente de una forma sencilla, ni en una sola dirección, ya que en las posibles repuestas se mezclan muchos condicionantes que van de lo histórico a lo político, y de lo político a lo sociológico. Sin duda la actual configuración del Estado y sus problemas territoriales tienen mucho que ver con su implantación histórica, en el siglo XVIII, por parte de la dinastía Borbónica, que, tras la Guerra de Sucesión, se basó en la imposición de un modelo que no se ajustaba al carácter diverso de la ordenación política (y cultural) peninsular. Hasta entonces, hablamos de diferentes estructuras políticas (que se corresponden con pautas sociales también diversas) que, desde el siglo XVI, comparten -no sin conflictos- la monarquía Austria, pero mantienen perfectamente sus rasgos propios con una fórmula que, salvando las distancias, podríamos decir que se trataba de un modelo confederal. Tras el decreto de Nueva Planta, esto se rompe en mil pedazos, y, bajo una forma de Estado artificiosa e impuesta, con desarrollos políticos, sociales y territoriales desiguales, llegamos al siglo XIX, donde el fracaso de la revolución liberal en España (entre otros factores), hace que las diferencias políticas y las dinámicas de conflicto de tipo social (movimientos obreros y campesinos, básicamente) y territorial (como el surgimiento de catalanismo político) se acentúen y no se resuelvan, ni con el sistema de la Restauración ni, mucho menos, con la posterior dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Llegados a este punto, la implementación de la II República y su derrota militar, representan el fracaso del último intento reformador democrático.

De la transición al presente

Lo que viene después ya lo explicaba muy bien a finales de 2009 el profesor Vicenç Navarro, en su artículo "La herencia nacionalista del fascismo": (...) Cuarenta años de dictadura y 32 de olvido de nuestra historia explican la enorme fuerza que aquella visión nacionalista españolista todavía tiene en sectores de la población que ven cualquier defensa de la identidad catalana como un separatismo (actual o potencial) o una defensa de privilegios. Y hoy las derechas (en complicidad con ciertos sectores confusos jacobinos de las izquierdas) están utilizando este anticatalanismo para movilizar un apoyo electoral, dividiendo y rompiendo España. Aunque tanto el PP como UPyD (en el caso de Catalunya, Ciutadans ocuparía el espacio de UPyD) se definen como no nacionalistas (limitando el término para definir los nacionalismos periféricos) ambos lo son profundamente, pues promueven un nacionalismo excluyente y enormemente opresor, heredero del fascismo (...). Como resultado final, en el Estado español, encontramos una pluralidad identitaria y un desconocimiento mutuo de esa diversidad, potenciado por las élites fáctico-históricas de siempre y sus potentes brunetes mediáticas, que ha imposibilitado, entre otras cosas, por ejemplo una solución de tipo federal o confederal. No es extraño, por tanto, que la construcción UE se transforme ahora, invalidada la opción de una España federal, en la vía lógica para encajar esta diversidad ibérica. Con este panorama, azuzado por el impacto una profunda crisis (que no sólo es económica, sino global, de modelo social y de valores), se explica mejor porqué el pasado 11 de septiembre salimos a las calles de Barcelona más de un millón de ciudadanos y ciudadanas.

El contexto electoral. ¿Qué transición nacional? 

Así llegamos a estas elecciones en Catalunya, en un contexto de frustración social, profunda estafa democrática y dictadura de los mercados, donde no es conveniente olvidar que el eje social, es tan transversal como el nacional y, de la misma manera, tan absurda es la teoría de que lo que está ocurriendo en Catalunya es, únicamente, una cortina de humo a la medida de CiU, como la de que con un Estado independiente, por si mismo, se solventarán todos los problemas sociales. Vale la pena que nos preguntemos sobre en qué país queremos vivir ¿Qué tipo de fiscalidad deseamos? ¿Qué modelo de Estado de bienestar? ¿Qué modelo productivo? ¿Cómo se va a redistribuir la riqueza? ¿Se trata de un modelo donde mandan los mercados o lo hará la ciudadanía? ¿Qué forma de Estado? ¿Qué regulación laboral? y podría seguir preguntando hasta el infinito, pero cierro los interrogantes con una última cuestión: ¿mientras llegamos a Ítaca, cómo se van a gestionar estos “pequeños detalles”? Tratar de vender que estas elecciones son “un plebiscito” o hablar del “voto útil soberanista” es faltar a la verdad; lo que aquí se dirime es un modelo de país que, en gran parte, dependerá de la correlación política (en un eje derecha-izquierda) que surja en el nuevo Parlament y, en todo caso, debería ser esta futura mayoría la que impulse, junto con un gran debate social, una consulta o referéndum que, ahora sí, tendría carácter plebiscitario y, desde luego, también legitimidad democrática.   

Creo que sobran razones democráticas, económicas, sociológicas e históricas -y base social- para legitimar la constitución de Catalunya como un nuevo Estado independiente en el marco de la UE, si sus ciudadanos y ciudadanas así lo deciden en las urnas, y también me parece que en estas elecciones es igual de importante no caer en la trampa de los "votos útiles" (que, al final, resultan los más inútiles) y optar desde la libertad de opción y sin determinismos interesados. Si la cosa va así, cabe esperar un Parlament más plural que, desde esa diversidad, podrá liderar -en mejores condiciones que con una eventual mayoría absoluta de CiU-  cualquier proceso, tanto si hablamos del modelo jurídico de construcción nacional, como si lo hacemos desde el punto de vista de la justicia social y la gestión de la crisis. Un Parlament diverso seguro que representará mejor toda la pluralidad de la sociedad catalana y, en cualquier caso, significará una base democrática más deseable en cuanto al diseño político y el grado de participación de la ciudadanía en un hipotético proceso constituyente. Desde ese punto de visita, el peor resultado electoral -social y nacionalmente hablando- sería una mayoría absoluta de la derecha que, me temo, resultaría dramáticamente reduccionista, y de la que, por cierto, no tenemos muy lejos un buen ejemplo de lo que podría significar: la transición "democrática" española es un perfecto espejo de lo que no debería de ser, en su caso,  la transición nacional de Catalunya si no queremos aumentar, todavía más, el lastre de la frustración.